28 y 30 años

Los 30 años de la democracia argentina ensayan reflexiones. Como la que organizó pasados días la Asociación de Abogados del Sur, que participamos, que fue muy rica. Tratando de observar su análisis, creemos que la misma no puede pensarse sin un debido análisis de su propia evolución e involución, de sus marchas y contramarchas, a la largo de la historia del siglo XX pero, sobre todo, no puede intentar considerarse a sí misma sin un desarrollo de los caracteres del proyecto alfonsinista de la generación de 1983, con todo lo que ese ideal socio cultural y político vino a inaugurar en la cultura política argentina, muchos de los cuales nos acompañan, fundantes, hasta nuestros días. Y se resumen en una fuerte defensa de la democracia como forma de gobierno y la idea de que la misma sólo ha de realizarse cuando lo institucional o formal va acompañado además por una idea de justicia social. Ahora bien, sabemos que la estrategia de Alfonsín se sintetizó en un trípode conceptual constituido por la idea de democracia participativa, ética de la solidaridad y modernización, tres ideas o conceptos que se observan en ese maravilloso Discurso de Parque Norte del 1 de diciembre de 1985, con sus caracteres prometéicos e iniciáticos respecto del ejercicio de la democracia. En primer lugar porque buscó regenerar la idea del origen y legitimidad del ejercicio del poder en la voluntad de las mayorías – cual ruptura y punto de frontera respecto al proceso de la Dictadura militar – y, en segundo lugar, porque atribuyó un valor medular a la tolerancia frente a las diferencias y el respeto intrínseco a los procedimientos institucionales. Y por último, porque estableció creativamente un nuevo vínculo entre gobernantes-gobernados y Estado de Derecho-Constitución. Corolario de todo lo mencionado, claro está, representa (re)preguntarse si muchas de las ideas allí plasmadas lograron cristalizarse con el tiempo, determinando, sobre todo y desde el punto de vista político, cuáles de los procesos superados y no superados de la democracia nacida y pensada en 1983, en el referido proyecto alfonsinista, pueden encauzarnos en un análisis de lo que falta conseguir, es decir, en el advenimiento de una suerte de nueva concepción de frontera, que configure (también) al mismo tiempo una ruptura con lo malo del presente y una proyección con lo bueno del porvenir. En esa clave se observa este trabajo de Atilio Boron, de los pocos que analizan ese Discurso de Parque Norte que merece mayores exámenes en clave actual, titulado “Los dilemas de la modernización y los sujetos de la democracia”. 28 años y dilemas después y 30 de democracia recuperada.

Boron, Atilio A.. Los dilemas de la modernización y los sujetos de la democracia. En libro: Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo.  Atilio A. Boron. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. 2000. 

Introducción

El análisis que se hará a continuación del discurso de Parque Norte requiere de entrada la explicitación de nuestra coincidencia básica con los grandes objetivos que allí se proponen: modernización social, justicia distributiva, ética de la solidaridad, democracia participativa. Estas son algunas de las metas globales que hoy día se plantea la gran mayoría de las fuerzas progresistas de América Latina. Si bien podrían agregarse algunas otras, lo cierto es que ellas resumen buena parte de las reivindicaciones que los partidos populares de la región han venido exigiendo en las últimas décadas. Estamos persuadidos, por consiguiente, de que las propuestas formuladas por el presidente Raúl Alfonsín se inscriben en una matriz de pensamiento reformista y transformadora. Las diferencias de criterio y las discrepancias puntuales en relación a los contenidos concretos de esas enunciaciones generales, que como veremos son significativas, no empañan el hecho categórico, y harto infrecuente en la política argentina, de un llamamiento presidencial destinado a discutir y a poner en marcha un ambicioso programa de transformaciones sociales.

Por otro lado, muchas de las cosas que allí se dicen reflejan con inteligencia los resultados de largos años de controversias en el seno de las fuerzas democráticas argentinas. Por eso nadie podría negar que el mensaje instala el debate político de nuestro país en un nivel cualitativamente superior y distinto a todo lo que hemos conocido en largos años. Para los críticos desmemoriados de hoy sería oportuno recordar los verdaderos adefesios ideológicos y conceptuales que brotaban de las cabezas de algunos de nuestros presidentes. Una rápida lectura a los discursos de Juan Carlos Onganía, Isabel Martínez de Perón, Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, para no mencionar sino los casos extremos, reactualizaría esa vieja distinción entre ocurrencias e ideas, que algunos atribuyen a Hegel, y contribuiría enormemente a resignificar y a revalorar los contenidos, polémicos pero estimulantes, del mensaje de Parque Norte.

Por último, también es preciso decir que la trascendencia del mensaje se apoya en los cambios concretos e innegables que el régimen democrático produjo en la vida política nacional. No se trata, por lo tanto, de la retórica hueca de un gobernante anodino, sino de una invitación a un diálogo formulado por el jefe de un gobierno que ha garantizado el ejercicio irrestricto de todas las libertades en un grado sin precedentes en nuestra historia. Tan sólo eso sería suficiente para tomar este discurso muy en serio, y también para criticarlo a conciencia, leal y rigurosamente. Pero, además, está el juicio a las juntas militares, el funcionamiento regular y autónomo de las ramas del estado y las provincias, una política internacional sensata y progresista, en donde se destacan el apoyo a Contadora y la resolución del diferendo limítrofe con Chile; la normalización de nuestra vida universitaria; la permanente propuesta de revisar viejos temas esclerotizados en nuestra conciencia pública, como el divorcio, o las reformas educativa y militar; o la cuestión de la reforma constitucional. Es obvio que, como en todo gobierno, el inventario sea variado y se combinen logros y fracasos. Pero, desde el punto de vista de la consolidación democrática, y a pesar de las dificultades económicas, que son muy graves, se ha avanzado. Por eso es necesario discutir la propuesta del presidente.

El desafío actual

Se ha vuelto ya un lugar común, para nuestra desgracia, decir que la Argentina se enfrenta, a fines de 1986, ante una de las coyunturas más críticas de toda su historia. La gravedad de la crisis económica, resultante de un prolongado estancamiento en el desarrollo de sus fuerzas productivas y de las nuevas –y más desfavorables– condiciones de la economía mundial; la herencia desquiciante de una fenomenal deuda externa, tan ilegítima como impagable; y, por último, las abiertas amenazas que se ciernen sobre nuestra incipiente transición democrática configuran una formidable constelación de problemas cuya seriedad difícilmente podría ser exagerada.

La desusada magnitud de los retos que hoy acechan a la sociedad argentina impone al gobierno –tanto como a la oposición– la responsabilidad de ofrecer respuestas coherentes, concretas y viables para salir de la crisis actual. El discurso de Parque Norte recupera el carácter productivo de la crisis, momento de análisis y discriminación pero también de síntesis y de elección. De esto precisamente se trata: dado que la crisis no puede ser enfrentada in toto es necesario establecer una escala de prioridades que permita organizar racionalmente los recursos disponibles –siempre insuficientes– para atender a su resolución. El interrogante que surge de este razonamiento es evidente: ¿cuál es la estrategia para enfrentar la crisis que se señala en el discurso de Parque Norte?

Es obvio que esta pregunta podría dar lugar a una larga discusión sobre aspectos puntuales y específicos que no viene al caso tratar en estas breves notas. Concentrándonos en lo más grueso podríamos interrogarnos, eso sí, sobre las grandes opciones que ha manejado el gobierno del presidente Alfonsín. El examen de los antecedentes concretos revela la presencia de una situación paradojal: por un lado, y el discurso de Parque Norte es paradigmático, se adhiere a una concepción ideológica y doctrinaria que instala a la democracia en el pináculo de su escala de valores. Como recordaba José María Medina Echavarría, la democracia "se basta a sí misma", se fundamenta en su propia excelencia, y esta afirmación es ratificada plenamente en el plano de lo discursivo (1977). La escasísima relevancia de los razonamientos acerca de la economía y el sustento material de la modernización en la mencionada alocución presidencial son harto elocuentes al respecto. No obstante, en el plano de la gestión gubernativa la cosmovisión estructurada desde la democracia es reemplazada por otra que privilegia las duras realidades de la vida económica y los compromisos financieros internacionales. Así, las políticas de contención de la inflación y el déficit fiscal y el cumplimiento, no tan ortodoxo pero oneroso al fin y al cabo, de las obligaciones ilegítimas que, en gran parte, los gobiernos militares legaron a la Argentina democrática, colocan al gobierno ante una difícil disyuntiva. O se opta por la consolidación democrática, lo que significa la puesta en marcha de una amplia política de alianzas sociales con el conjunto de las clases y capas populares; o se elige el camino de la disciplina económica y el cumplimiento de las obligaciones externas, en cuyo caso la transición democrática se verá casi irremediablemente condenada al fracaso. Las opciones suponen la subordinación jerárquica de las alternativas: priorizar la fundación de un orden democrático significa asumir un compromiso consciente –que incluye tanto al gobierno como a la oposición política y a todo el conjunto de la sociedad civil– de redefinir las políticas gubernamentales a partir de su eventual impacto sobre el proceso de consolidación de la democracia. Si, por el contrario, lo que se escoge es la supremacía de la economía, haciendo lugar a las múltiples y poderosas presiones domésticas e internacionales que empujan en esa dirección, entonces el resultado, no deseado pero real, será el sacrificio de la democracia.

Estamos así ante un dilema que el paso del tiempo agudizará cada vez más, poniendo en tensión los dos principios antinómicos y excluyentes, en el largo plazo, sobre los cuales se asienta la democracia capitalista: los requerimientos de la acumulación de capital, que definen el carácter burgués de este tipo de estado, y las exigencias emanadas de la representación política y la satisfacción de las demandas del pueblo soberano, que expresarían el carácter democrático del estado. Este dilema constituye en la época actual un rasgo característico y universal de todas las democracias capitalistas, de ahí la enorme vigencia de la discusión sobre "la crisis de las democracias" tanto en los países más avanzados como en la periferia. Su presencia se explica por la generalizada desintegración de los mecanismos que, por largo tiempo, permitieron la efectiva compatibilización de los procesos de acumulación con los de la representación popular1. Agotado un corto ciclo histórico, en el cual democracia y capitalismo convivieron con un grado aceptable de armonía, sobre todo en los países centrales, es necesario ahora reanudar la marcha expandiendo la democracia, fortificándola de forma tal que la soberanía popular, esa bandera irrenunciable que la identifica desde Rousseau a nuestros días, adquiera una eficacia transformadora acorde con la magnitud de los problemas que debe resolver.

El discurso de Parque Norte parecería sobrevolar por encima de esta contradicción entre acumulación y soberanía que hoy se ha instalado en el centro del debate teórico político internacional. El profesor C. B. Macpherson lo ha sintetizado con su acostumbrada lucidez al decir que la preocupación actual en nuestras democracias occidentales no es acerca de la democracia per se sino acerca de la democracia capitalista: los analistas neoconservadores y neomarxistas han coincidido en afirmar que hay una crisis de la democracia liberal y que la crisis se origina en un creciente desajuste entre [...] una creciente demanda política por los bienes del estado de bienestar y la decreciente capacidad de la economía capitalista para ofrecerlos (1985, p. 122).

Sin embargo, a pesar de esta ausencia, importante por el peso decisivo que la marcha de la economía tiene en la viabilización de nuestro proyecto democrático, el mensaje concluye con una provocativa convocatoria que sólo puede ser descifrada en el ámbito de esa creciente incompatibilidad entre capitalismo y democracia: "Si la democracia no es capaz de amparar procesos transformadores –procesos que en la Argentina de hoy se resumen en el imperativo de modernizar el país sin abdicar de una ética de la solidaridad– fracasaría también, inevitablemente, como procedimiento, como régimen político" (Alfonsín, 1985, p. 35).

Imágenes de la transición

Se trata, por consiguiente, de una democracia participativa y dotada de eficacia transformadora para modernizar a la Argentina. Conviene entonces que nos acerquemos a la visión que se propone de este proceso, haciendo hincapié en el análisis de su carácter y de los sujetos sociales llamados a protagonizarlo.

Lo que aquí se está proponiendo es, nada menos, que la construcción de una "sociedad diferente" (Alfonsín, 1985, p. 14). Si tentativas anteriores de cambio de la estructura social y económica fueron concebidas e implementadas al margen de la participación ciudadana, el proyecto modernizador tiene que apoyarse en la iniciativa del conjunto de la sociedad. Dejando de lado los aspectos más polémicos, que son accesorios, acerca del grado de elitismo y de autoconciencia de anteriores proyectos modernizadores como el roquismo, el yrigoyenismo y el peronismo, parece claro que la propuesta del presidente Alfonsín apunta hacia la elaboración de una sociedad de nuevo tipo. Dado que la nuestra se inscribe de modo inequívoco en los angostos marcos del capitalismo dependiente, quedaríamos autorizados a concluir que lo que se estaría proponiendo, por cierto que en forma bastante elíptica, sería alguna variante de sociedad poscapitalista resultante de una verdadera y cabal recuperación del protagonismo popular mediante el ejercicio de los derechos formales y reales que garantiza la democracia (Alfonsín, 1985, p. 14).

No habremos de ser nosotros quienes reprobemos una iniciativa de tanta trascendencia. Está muy lejos de nuestro ánimo el pretender embellecer las amargas realidades del capitalismo dependiente en la Argentina. Sus llagas son demasiado evidentes como para refugiarse en la indiferencia o en la vanidosa autosuficiencia de los argumentos técnicos. Sin embargo, y más allá de la relativa imprecisión de los objetivos que propone la convocatoria presidencial, no podemos sino manifestar nuestro estupor ante la creencia de que "los nuevos valores de la comunidad argentina –la tolerancia, la racionalidad, el respeto y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos– hacen posible un tránsito sin traumas de la sociedad autoritaria a la sociedad democrática" (Alfonsín, 1985, p. 14).

El mensaje de Parque Norte supone que un tránsito histórico, de un tipo de sociedad a otra, podrá hacerse en una sociedad como ésta, una Argentina desgarrada por la violencia y envenenada por una prolongada socialización autoritaria que arranca desde 1930, sin traumas ni convulsiones. Más específicamente, el discurso se asienta sobre las siguientes premisas:

I) que ya se ha producido en la Argentina una radical mutación de valores, una verdadera revolución en nuestra cultura política cuyos resultados se expresan en la primacía del pluralismo, la tolerancia y la racionalidad;

II) que, dado lo anterior, una gran mayoría podrá alinearse consensualmente en pos de un objetivo nacional que unifique, por encima de intereses y valores contrapuestos, las aspiraciones de una amplia alianza de clases y sectores sociales;

III) que los actores sociales que no se suman a esta empresa patriótica no opondrán resistencia al proyecto de transformación, concediendo una suerte de tácita aprobación para que éste se desenvuelva sin traumas ni sobresaltos.

Creemos que las tres premisas sobre las que se asienta el discurso de la transición, inspiradas en la literatura corriente sobre este tema, son inconsistentes teóricamente e incorrectas empíricamente. Veamos por partes. En primer lugar, como lo prueba sobradamente toda una vastísima literatura sobre la modernización, una transición del tipo de la aludida en el discurso de Parque Norte requiere del concurso de una serie de circunstancias que exceden con creces las que ahí se contemplan. El cambio y la reconstitución del universo de significados y valores, la sustitución de la vieja cultura política impregnada por el autoritarismo y la intolerancia, por otra congruente con las necesidades de una sociedad democrática es ciertamente una condición necesaria, mas no por ello suficiente para la construcción de una sociedad de nuevo tipo. Para esto se requieren otras cosas, principalmente una sólida alianza de diversos sujetos sociales cuya argamasa la constituye un núcleo muy concreto de intereses en torno al que gira una serie de valores, ideologías y creencias de diverso tipo. Ningún cambio histórico de la magnitud que aquí se demanda puede atribuirse a los efectos derivados de las transformaciones en el sistema cultural. A Max Weber se lo considera, con razón, como uno de los más grandes sociólogos de todos los tiempos y como alguien que ha subrayado convincentemente la eficacia de las constelaciones ideológico-culturales en la producción del cambio histórico. No obstante, en su célebre estudio sobre el papel de la ética protestante en el advenimiento del capitalismo, previene contra las tesis que pretenden sustituir "una interpretación causal de la cultura y la historia, unilateralmente materialista, por otra igualmente unilateral pero espiritualista", advertencia que, dicho sea al pasar, no por reiterada a lo largo de su obra fue por ello más tenida en cuenta por sus seguidores2.

Resumiendo, el movimiento de la sociedad obedece a una lógica muy intrincada que es incompatible con cualquier tipo de argumento reduccionista. Si el economicismo empobrece la visión de la realidad al no reproducir en el pensamiento la complejidad dialéctica de lo real, el reduccionismo culturalista es pasible de la misma crítica y debe por consiguiente ser igualmente descartado como modelo explicativo.

Por otro lado, y pasando al examen de la adecuación empírica existente entre la proposición que estamos examinando y la realidad de la actual coyuntura, parecería meridianamente claro que la premisa en cuestión peca por un excesivo optimismo en la ponderación de los alcances de los cambios culturales y psicosociales registrados en la sociedad argentina. Es evidente que nuestra vieja cultura política, forjada por la alianza clerical-militar que signó desde 1930 la historia de este país, inició un acelerado proceso de descomposición con el descalabro de la última dictadura militar. En efecto, los actores sociales concretos que la sostenían sufrieron una serie de rotundas derrotas –ante la renovada conciencia ética de una parte de la sociedad civil, ante la opinión pública internacional y, last but not least, ante la task-force enviada por Gran Bretaña a recuperar las Islas Malvinas. La degradación moral, económica y política de la dictadura, unida a su fenomenal ineptitud militar –evidenciada en las playas de las Malvinas– son de sobra conocidas por todos y, tal como lo apuntamos oportunamente, se encuentran en la base del triunfo electoral de Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983 (Boron, 1983, p. 7 y 1986[b]). Pero de aquí a creer que la Argentina ya ha culminado exitosamente el proceso de transformación de su cultura política, que ya imperan los valores fundantes del pluralismo, la tolerancia y la racionalidad, que la perversa reducción de la política a la guerra ya es cosa del pasado y que los viejos sujetos autoritarios han desaparecido para nunca más volver, hay un largo trecho. Pensamos que un supuesto de este tipo es peligrosamente ingenuo, porque minimiza la potencia de la coalición reaccionaria que no por haber pasado a la defensiva está definitivamente derrocada. Y exagera, simétricamente, la profundidad e irreversibilidad de los innegables cambios que se produjeron, en una dirección democrática de la sociedad, el estado y la cultura política argentinos. Constituye, por lo tanto, una premisa insostenible empíricamente, válida tan sólo para reflejar el despertar de la conciencia democrática de un sector de la población y nada más. Con el agravante de que las frustraciones producidas por la marcha de la economía han contribuido a desilusionar a una parte importante de la ciudadanía, que, cansada de la prepotencia militar, depositó en la naciente democratización esperanzas mesiánicas que no tardaron en verse malogradas.

La segunda premisa del discurso de Parque Norte supone la construcción de un consenso amplio para el logro de objetivos nacionales. Los nuevos valores democráticos de la sociedad argentina crearían las condiciones suficientes para la obtención de esas metas. Sin embargo, nada permite afirmar desde la teoría social y política –y menos aún desde la práctica histórica concreta– que sociedades de clases, poseedoras de una cultura política pluralista, tolerante y racional sean necesariamente capaces de gestar un consenso muy amplio acerca de un proceso de cambio en el cual, naturalmente, habrá siempre ganadores y perdedores. Es más, la actual discusión suscitada en los capitalismos metropolitanos acerca de la cuestión de la crisis de la democracia y su ingobernabilidad se refiere precisamente a las dificultades con que tropiezan sociedades pluralistas y tolerantes en hacer los reajustes congruentes con las necesidades y restricciones impuestas por la nueva onda larga estancacionista que hoy caracteriza al capitalismo. En otras palabras, la cultura política de la democracia no necesariamente garantiza el consenso en épocas de cambio, sobre todo cuando la redistribución de las ganancias y pérdidas afecta decisivamente a todas las clases y sectores sociales del país3. El pluralismo y la cultura moderna tienen sus límites, los que, una vez franqueados, pueden desencadenar amenazantes procesos de involución autoritaria. Algunos autores, desde Herbert Marcuse hasta Barrington Moore y, más cercano a nuestra experiencia histórica, Gino Germani, se han referido in extenso a estas perspectivas y no viene al caso reiterar sus argumentos en esta ocasión (Germani, 1985, I, pp. 21-57). Baste señalar que la cultura de la democracia también tiene sus limitaciones y que, si bien puede absorber un nivel de conflictividad social muy superior al que admite el universo ideológico del autoritarismo, en ciertas ocasiones, como por ejemplo durante un rápido proceso de cambio, sus marcos pueden verse desbordados y, en su derrumbe, arrastrar a la sociedad a la ciénaga de la dictadura.

Por otro lado, la evolución de la historia reciente de la Argentina no autoriza a abrigar demasiado optimismo en lo que toca a nuestra capacidad para elaborar un proyecto consensual. Esto por razones que muy acertadamente se indican en el discurso –los arcaísmos autoritarios de nuestra mentalidad colectiva, la violencia de la cultura política– y por otra razón que brilla por su ausencia en el mensaje presidencial, pero que no por ello es menos significativa: la incapacidad de nuestras clases dominantes para proponer e implementar un proyecto de desarrollo capitalista. La crónica fragilidad de la hegemonía burguesa en la Argentina, que tanto contrasta con la que esta clase exhibe en países como Brasil y México, y la tradicional sujeción de nuestras clases y capas subordinadas a la visión del mundo de una burguesía que quiso ser nacional y progresista, pero que no lo fue, se dan la mano para, en su impotencia, consolidar el estancamiento. Así, la burguesía no puede (¿lo quiere realmente?) desarrollar el capitalismo, en tanto que el movimiento obrero organizado, cuya influencia social ha venido declinando llamativamente, sataniza al socialismo y limita su protagonismo histórico a una línea reivindicativa carente de horizontes y que sólo logra dificultar la marcha de la economía. En suma, ni desarrollo capitalista ni avance hacia el socialismo. En el medio, una sociedad desesperanzada que necesita que la democracia sea eficaz instrumento de reforma social.

Por último, la tercera premisa plantea problemas similares a los anteriores. Toda la literatura sobre los procesos de cambio y modernización remite permanentemente al tema de los antagonismos sociales exacerbados en el curso de su desenvolvimiento. No hay ninguna razón para suponer que los sujetos autoritarios no se sumen a los democráticos desplazados por el proceso de cambio y reconstituyan una coalición reaccionaria que intente bloquear el camino de las transformaciones. En países de larga tradición de tolerancia y pluralismo –Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Francia– la revolución democrática fue el resultado de intensos conflictos sociales en donde los grupos recalcitrantes fueron derrotados por una alianza de actores interesados en el establecimiento de la democracia. En países mucho más saturados ideológicamente por el espíritu del autoritarismo, como Alemania, Italia y Japón, la supeditación de las clases y sectores sociales nostálgicos del viejo orden requirió de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Contrariamente a lo que pregona el saber convencional, la historia de la democratización, tanto en los capitalismos metropolitanos como en los periféricos, registra como una constante la tenaz oposición que suscitó en distintas clases y grupos de la sociedad. Enseña asimismo que jamás ha sido un proceso lineal sino que siempre estuvo signado por avances y retrocesos, por victorias y derrotas de sujetos históricos concretos. Estos son los protagonistas reales de la odisea democrática: los discursos y los proyectos son letra muerta si no se encarnan en actores sociales que los hagan suyos y estén dispuestos a luchar por su predominio4.

Desde esta perspectiva, la situación argentina no parece demasiado sonriente. Las resistencias a los avances democráticos en este país fueron –y siguen siéndolo hoy– enormes. Ya desde los inicios del estado nacional plenamente consolidado, hace poco más de un siglo, la impermeabilidad a las reivindicaciones populares fue proverbial en los grupos dirigentes del régimen oligárquico. Liberales en lo económico y modernos en lo cultural, los hombres del régimen fueron tozudamente conservadores en materia política, y algunos de ellos cayeron en la más abierta reacción. El radicalismo se creó levantando la bandera del sufragio y sobrellevó un cuarto de siglo de luchas para hacer realidad los comicios libres. Algo semejante ocurrió con la otra gran experiencia de integración política de las masas: el peronismo. Resistido obstinadamente primero, tolerado a regañadientes después, más tarde fue desplazado ilegal e ilegítimamente del poder, proscripto y escarnecido. El mismo ciclo sufrido por el partido de Alem e Yrigoyen iría a repetirse pocas décadas más tarde con el peronismo, dejando en ambos casos una herida profunda y todavía hoy abierta en nuestra sociedad. ¿Qué razones habría hoy para pensar que esta porfiada resistencia de las clases dominantes y sus grupos y corporaciones aliadas –la Iglesia y las Fuerzas Armadas, principalmente– han depuesto sus tradicionales actitudes y resuelto velar por sus intereses en el marco de la democracia y la juridicidad? Ninguna. Estos sectores ni están arrepentidos por su pasado autoritario ni, como lo exige la teología católica de todos los pecadores, han expresado su "propósito de enmienda". Todo lo contrario. Salvo honrosas excepciones, la alianza autoritaria ha expresado reiteradamente desde el 30 de octubre de 1983 su orgullo por lo actuado y su determinación de reincidir en nuevas oportunidades. Si hasta hoy no lo han hecho es debido a la presencia de una correlación de fuerzas que les impide reaparecer en la escena política, no por su asimilación al credo democrático5.

En síntesis, las premisas sobre las que reposa la imagen de la transición democrática son inconsistentes con los enunciados teóricos más fundamentales de las ciencias sociales y no se corresponden con las realidades históricas y presentes de este país. Esas premisas se refieren a un tipo histórico de sociedad que podría existir pero que actualmente es apenas un proyecto. Dejando de lado la discusión sobre el grado de utopismo del mismo, que depende de muchas condiciones que no podemos examinar aquí, parece evidente que en el discurso de Parque Norte hay una confusión entre condiciones y resultados. Lo que se postula como condición para la construcción de una sociedad de nuevo tipo es, en realidad, la meta a la cual se pretende llegar. El presidente Alfonsín desea una Argentina pluralista, tolerante y racional; una Argentina que, en virtud de la ética de la solidaridad, satisfaga los criterios más estrictos de la justicia distributiva. Pero ésa es la Argentina posible, no la Argentina inevitable: hay algunas condiciones que hoy favorecen el logro de una sociedad mejor, pero el proceso histórico está abierto y los enemigos son muy poderosos. El desconocimiento de estos obstáculos reales y la representación idílica de la naturaleza del proceso de transición –sin traumas, sin contradicciones, sin perdedores dispuestos a echar mano a cualquier recurso con tal de conservar sus privilegios– son errores que pueden poner en peligro el destino final de la experiencia de la redemocratización.

La democracia y sus protagonistas

La imagen de la nueva sociedad que surge del mensaje de Parque Norte adolece, como lo hemos dicho, de ciertas imprecisiones. Pero como no se trata, por suerte, de un ejercicio meramente académico sino de un discurso político es posible hacer a un lado estas oscilaciones teóricas y trabajar sobre los materiales sustantivos que abundan en esta alocución.

Así las cosas, creemos que sería conveniente abordar con mayor detenimiento el tema de la modernización y sus propuestas concretas. Desde ya que el debate apenas ha comenzado, lo cual revela –incidentalmente– el retraso de la sociedad civil en relación con las iniciativas gubernamentales. El tema es importante y la discusión es necesaria, pero los argentinos hace tiempo que nos hemos desacostumbrado al debate público. El oficio de ciudadano requiere una práctica participativa que era simplemente suicida durante muchos años y nos hemos habituado al papel menoscabado del súbdito, condicionado para obedecer y resignado a ser un testigo pasivo y sufriente de la marcha de la historia. Esta exasperante "lentitud de reflejos" de la sociedad civil es un síntoma grave que denuncia las secuelas de largo plazo del autoritarismo y un obstáculo para la democratización, que es necesario combatir enérgicamente.

Nos parece que en la propuesta del presidente Alfonsín hay un gran ausente: los sujetos históricos concretos que habrán de posibilitar la construcción del nuevo orden democrático. Todo esto es tanto más incomprensible por cuanto el discurso plantea correctamente, desde sus inicios, que "no hay sociedad democrática sin disenso; no la hay tampoco sin reglas de juego compartidas; ni la hay sin participación. Pero no hay además ni disenso, ni reglas de juego, ni participación democráticas sin sujetos democráticos" (Alfonsín, 1985, p. 13). Además, en el mensaje se subraya el carácter problemático de la constitución de sujetos democráticos, cosa con la cual difícilmente podríamos estar más de acuerdo. Pero si esto es así, el diagnóstico presidencial acerca de las favorables condiciones que ahora facilitarían la modernización debería modificarse en función de ese señalamiento. La conclusión no tendría por qué ser fatalmente pesimista, pero debería introducir un sano realismo en la identificación de los aliados y los enemigos de esta empresa.

Al concebir la modernización como un proceso de cambio que reconcilia los imperativos de la eficiencia y la racionalidad con los de la justicia, la ética de la solidaridad y la participación democrática, el Presidente está convocando a la constitución de una gran coalición reformista. Hay pocos argumentos que razonablemente se puedan oponer a una invitación de esta naturaleza. ¿Quién puede seriamente dudar de la necesidad de incrementar la eficiencia y racionalidad de nuestra economía, de las empresas públicas tanto como de las privadas? Máxime si la convocatoria presidencial establece que "se hace necesario aceptar el desafío de la modernización y a la vez despojarlo de sus peligros autoritarios y de su amoralidad tecnocrática" (Alfonsín, 1985, p. 28). Nadie puede levantar la bandera de nuestro atraso con la esperanza de constituir un polo alternativo de agregación social y política.

Pero si esto es así, al discurso de Parque Norte le falta todavía hilar más fino, es decir, identificar más precisamente los actores sociales sobre los cuales sería concebible apoyar un proceso de transformación social. Un ejemplo de las dificultades a que conduce esta indefinición se encuentra en el capítulo dedicado a la "mentalidad colectiva". Allí se ofrece un diagnóstico muy completo de los males que han aquejado a la cultura política de los argentinos: El autoritarismo, la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la negociación y el acuerdo o compromiso, son maneras de ser y de pensar que han echado raíces a lo largo de las generaciones a partir de una histórica incapacidad nacional para la integración (Alfonsín, 1985, p. 19).

Estas características, se señala, han tenido una influencia nefasta sobre nuestro desarrollo democrático.

Demás está decir que todas estas propensiones y actitudes componen cabalmente el cuadro de una mentalidad colectiva poco receptiva para la democracia. De ahí también que la debilidad de la democracia en la Argentina, la precariedad y la fugacidad de los esfuerzos desplegados hasta ahora por consolidarla, radiquen menos en sus instituciones que en nuestro modo subjetivo de asumirlas. Se trata de un problema cultural, más que institucional (Alfonsín, 1985, p. 21).

Sin embargo, tanto el diagnóstico como su corolario requieren una posterior rectificación toda vez que, en su generalidad, impiden el reconocimiento de las notas particulares que han distinguido y enfrentado a clases, grupos e instituciones a lo largo de la historia argentina. Es que la verdad es siempre concreta, y ésta nos enseña que no todos los actores políticos fueron autoritarios o maniqueos y que además la fragilidad de las sucesivas tentativas democratizadoras residió no sólo en nuestro modo perverso de asumir las instituciones –lo cual es cierto– sino también, y sobre todo, en las fallas estructurales del capitalismo argentino, que hicieron hasta ahora imposible la consolidación de la democracia. Se requiere una visión sumamente genérica, casi diríamos metafísica, para poder obviar lo que todos los argentinos sabemos: que desde 1930 hasta hoy los adversarios de la democracia se han reclutado en las corporaciones eclesiástica y castrense, y que fueron hombres procedentes de ellas los que legitimaron y pusieron en marcha, con el concurso de los grupos dominantes, las diversas tentativas autoritarias ensayadas en el último medio siglo.

Desconocer esta evidencia no ayuda a la consolidación democrática. Es bien sabido que ella fue siempre el resultado de un largo y complejo proceso en el cual los sujetos del autoritarismo fueron subordinados al imperio de la constitución y las leyes, sostenidos por una coalición de clases, sectores y grupos sociales que asumieron los riesgos del conflicto con el propósito de establecer un orden democrático. Sugerir que todos los actores adolecen de los vicios del autoritarismo es una fórmula política de dudosa eficacia, aparte de ser incorrecta como descripción historiográfica. Esta negativa a reconocer la realidad, obnubila la visión de la política nacional, y la consecuencia final sería la de que los argentinos –como nación– no nos hemos ganado el derecho a vivir en democracia. En breve, que no la merecemos porque todos hemos contraído la peste del autoritarismo. Nos parece que este corolario demuestra palmariamente, en función del absurdo lógico que encierra, la insanable falsedad de la proposición que lo origina.

Obviamente que con esto no quisiéramos caer en simplificaciones ni maniqueísmos. Esta gran coalición autoritaria que nuclea en torno a varias fracciones de nuestra burguesía a las corporaciones eclesiástica y militar ha contado, en algunas coyunturas, con un respaldo popular tan sorprendente como suicida. El precio que las clases y capas subalternas pagaron por haber cedido ante el canto de sirena de los prepotentes fue demasiado caro como para ser olvidado: superexplotación, inmiseración, atropello a los derechos individuales, opresión política. ¿Por cuánto tiempo conservaremos fresca, en la memoria, la penuria de esos años? No lo sabemos. Lo que si está claro es que la viabilidad de la democracia depende, en buena parte, de esa memoria. La misma que permitió a los italianos hacer frente a las Brigadas Rojas sin pisotear el estado de derecho. Ellos desestimaron el pedido de aquellos que querían aplicar los métodos del fascismo para enfrentar los desafíos que aquejaban al orden democrático.

Por otra parte, en la Argentina hubo muchos actores que manifestaron una conmovedora lealtad al régimen y al credo democráticos. No toda nuestra sociedad estuvo, ni mucho menos lo está ahora, atacada por el cáncer del autoritarismo. Vastos sectores de la sociedad civil tuvieron que medirse ante la desproporcionada correlación de fuerzas que, circunstancialmente, exhibían los violentos y los fanáticos. Pero esas luchas y su resistencia, a veces sorda, otra veces violenta, no fueron en vano. Cinco tentativas de recomposición autoritaria del orden político, con claras tendencias fascistizantes, fueron derrotadas: en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976 el pacto autoritario ensayó, con diversas formas y ropajes, sus recetas ultramontanas y represivas. A un costo enorme y creciente, esa coalición siempre terminó mordiendo el polvo de la derrota. El país, esta sociedad que todavía conserva actores democráticos en su seno, la derrotó cinco veces en medio siglo. Sus figurones de turno terminaron sepultados en el desprecio y el olvido. Son como esas pesadillas que de vez en cuando se recuerdan todavía con espanto y ahora, además, los protagonistas de la última aventura están en la cárcel, en un gesto que nos enorgullece como nación y nos redime como pueblo.

Este breve racconto, que merecería un tratamiento mucho más detallado, habla a las claras de la vitalidad y perdurabilidad del impulso democrático en la Argentina. En ese sentido creemos que el discurso de Parque Norte, al señalar con realismo las debilidades de nuestra democracia eclipsa este otro registro que también forma parte de nuestra historia. Es cierto que en ella han medrado los actores autoritarios: una oligarquía liberal en lo económico y reaccionaria en lo político; una burguesía débil y apocada, siempre dispuesta a asociarse a los pretorianismos de turno; el capital imperialista, sólo interesado en la prosperidad de sus negocios; las Fuerzas Armadas, volcadas a un triste papel de cancerberas de un bloque histórico que consagraba nuestro atraso y dependencia; la Iglesia, tomando partido descaradamente por la riqueza y el privilegio. Hubo, naturalmente, honrosas excepciones individuales entre estas clases y corporaciones. Pero aquí se está hablando de sujetos sociales y no de comportamientos individuales, y desde ese punto de vista aquellos actores han sido, colectivamente, los principales baluartes del autoritarismo. Pero también es cierto que hubo de lo otro: una clase obrera que desde principios de siglo luchó inclaudicablemente por la justicia y la democracia; el movimiento estudiantil que impulsó la reforma y la democratización de nuestras instituciones educativas; los intelectuales, artistas, científicos y técnicos que pusieron su talento al servicio de los mejores proyectos de transformación social y que hicieron de la ciencia y la cultura argentinas un ámbito fecundo y creativo; los millones de anónimos ciudadanos, desprovistos de protecciones corporativas, que sin estridencias acudieron a las urnas para ejercer el sufragio con racionalidad y prudencia. Por último, en los años más recientes, las Madres de Plaza de Mayo y los organismos defensores de los derechos humanos, que mantuvieron encendido el fuego de la libertad en los momentos más negros de nuestra historia.

Al revalorizar el papel de la cultura política y su receptividad para las interpelaciones autoritarias, el discurso de Parque Norte señala un problema real que los argentinos habíamos soslayado por mucho tiempo. Exagera, como hemos dicho, la homogeneidad de todo un sistema de valores, creencias y prácticas sociales, en suma, de un "sentido común", que también se encuentra clasistamente fragmentado y dividido. Tal vez sería más acertado hablar de dos culturas políticas: una intolerante, fanática, corporativa; otra pluralista, tolerante y democrática. Nuestra historia a partir de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen vio perfilarse, con creciente nitidez, el hiato que separaba esos dos universos simbólicos y culturales. Hoy la cultura del autoritarismo está en retirada y la consolidación de la democracia sólo estará asegurada cuando la cultura del miedo y la prepotencia sea reducida a una expresión aislada y marginal.

El mensaje de Parque Norte nos invita a esta tarea y también a luchar contra las "fuerzas antidemocráticas objetivas" (Alfonsín, 1985, p. 22), cuya ominosa presencia, pese a que no fueron nombradas, no pasó inadvertida para nadie. La empresa que debemos acometer es formidable y los enemigos, muy poderosos: el capital financiero internacional y sus aliados locales estrangulan lenta pero crecientemente nuestra economía; la gran burguesía prosigue su silenciosa pero fatídica "huelga de inversiones" que profundiza nuestra decadencia económica; la Iglesia "descubre repentinamente" las penurias de los trabajadores y los sacrificios de los pobres, a la vez que hunde sus lanzas en la política secularizadora y laica de la democracia, y los militares prueban el terreno con algunas calculadas provocaciones, como los carteles contra los partidos o las cruces esvásticas pintadas en las paredes, para calibrar la energía de la respuesta gubernamental y los reflejos de la sociedad civil. Si éstos están vivos y si el gobierno y la oposición democrática se unen para enfrentar estas amenazas, entonces estos restos de autoritarismo irán menguando hasta desaparecer casi por completo. El caso de España luego del putsch de Tejero es sumamente alentador y es de esperar que en nuestro país tomemos nota de esa lección.

Una reflexión final ya para terminar. Abrimos estas notas con una discusión sobre capitalismo y democracia. Decíamos también que era necesario establecer prioridades y que optábamos por la democracia. Ante los que quieren el capitalismo, aunque para ello deban sacrificar la democracia, el discurso de Parque Norte hace de ésta la palanca fundamental para lanzar un proceso de reforma social. En otra parte nos hemos referido in extenso al vínculo esencial que une la estabilidad democrática con la capacidad de producir reformas sociales (Boron, 1986[a]).

El régimen democrático se enfrenta hoy, en la Argentina, a un dilema ya conocido en la larga marcha de las democracias occidentales: reforma o restauración reaccionaria. No caben las medias tintas. El inmovilismo y el quietismo gubernamental, junto a la apatía y la desmovilización de la sociedad civil, sólo servirán para atizar las hogueras de los autoritarios. Está visto que, a tres años de democracia, la burguesía ni invierte en el país ni desarrolla el capitalismo. De este modo, las políticas de reforma social se transforman automáticamente en inflacionarias y por ende en desestabilizadoras. El debate privatismo versus estatismo, tan caro a la derecha argentina, es puramente sofístico porque no hay iniciativas burguesas para desarrollar este capitalismo. No sólo iniciativas: tampoco hay un proyecto de hegemonía burguesa para la Argentina. ¿Es razonable condicionar el futuro democrático de la Argentina al cálculo comparativo de la tasa de ganancia de un centenar de empresas oligopólicas? La respuesta es evidente. La necesidad de una democracia profundamente reformista también.

Notas

1 Sobre este particular, véase Adam Przeworski y Michael Wallerstein (1986 y 1982, pp. 215-236), Offe (1982), y Offe y Ronge (1978, pp. 34-51)

2 Weber (1958, p. 183). Véase asimismo comentarios semejantes en pp. 91 y 217.

3 Véase, entre otros, M. Crozier, S. Huntington y J. Watanuki (1975), Offe (1981) y Boron (1981). Sobre el tema de la distribución de ganancias y pérdidas en épocas de cambio, véase Thurow (1980).