En los últimos años se aprobaron, en la Argentina, numerosas iniciativas legales, referidas a cuestiones de interés público, y unidas por una preocupante nota en común: se trató de normas que, en los hechos, no fueron objeto de un debido debate en el Congreso. Piénsese –sólo para tomar algunos casos salientes- en la aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura; en la “ley para la democratización de la justicia”; o en la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial. En estos casos, como en tantos otros, el oficialismo consiguió los votos necesarios para aprobar los pretendidos cambios, y los impuso legalmente, haciendo caso omiso a los reclamos para que debatiera tales normas, debidamente, en el Congreso. El oficialismo asumió que no tenía la obligación de discutir nada con la oposición, y actuó en consecuencia, desconociendo las exigencias que establece la Constitución en dicho respecto. Para ello, debió vaciar de contenido las numerosas disposiciones constitucionales existentes en la materia.
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| Foto: La Nacion |
Se vacía de contenido a las normas que exigen debate legislativo, cuando se le dice a la oposición, frente a un proyecto enviado por Ejecutivo, que al mismo “no se le cambiará una coma” (fue lo que ocurrió, entre tantos casos, cuando se modificó la composición del Consejo de la Magistratura). Lo mismo sucede cuando se opta por una “ficción de debate”. Así, en algunos casos, se le “conceden” a la oposición algunas horas de tiempo para que desarrolle sus críticas a un cierto proyecto, finalizado lo cual el oficialismo aprueba lo que quería aprobar, sin incorporar ningún cambio sobre su iniciativa original. En otros casos, la legislatura invita a cientos de “especialistas” y grupos a presentar sus puntos de vista, antes de la aprobación de un determinado proyecto: entonces, los invitados exponen sus puntos de vista, unos tras otros, sin que nadie tome en serio sus dichos (salvo que vengan a refrendar la posición oficial), sin que nadie registre las novedades que aportan, sin que nadie se ocupe de mostrar de qué modo el proyecto final recepta o rechaza los reclamos que en tales exposiciones se ofrecen.











